Rechazo frontal a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre

La pasada Junta Directiva de gsBIT, Asociación Balear de Empresas de Software, Internet y Nuevas Tecnologías, de fecha 16 de enero de 2014, ha acordado por unanimidad hacer público el rechazo frontal a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores. El cinismo y demagogia con el que se da nombre a la Ley, con la que indiscutiblemente se desfavorece la contratación estable y empeora la empleabilidad de los trabajadores, nos lleva a afirmar sin temor a equivocarnos que se da título a la Ley con una falsedad de dimensiones colosales.

En opinión de nuestra Junta Directiva, estas medidas de todo punto inadmisibles, a las que se añade el incremento del 5% de las bases máximas de cotización establecido en la Ley de Presupuestos (las cotizaciones sociales en España son de las más elevadas de la UE y de la OCDE), introducen en el mercado un conjunto de elementos distorsionadores que desincentivan la creación e incluso el mantenimiento del empleo y aseguran una importante pérdida de competitividad para nuestra empresas.

Esta medida de voracidad recaudatoria que parece no tener límites es un nuevo incumplimiento del actual Gobierno, que al contrario de lo expresado (reducir en dos puntos las cuotas a la Seguridad Social entre 2013 y 2014) incrementa los impuestos al trabajo y pone en grave riesgo la apenas iniciada recuperación económica.

Finalmente, la Junta Directiva de gsBIT desea destacar la precariedad en la que tienen que competir nuestras empresas debido a la lamentable inseguridad jurídica que producen estas medidas, inseguridad que repercute muy negativamente en las potenciales nuevas inversiones que se estén analizando en estos momentos.

En línea con lo ya expresado y solicitado por CAEB y CEOE, gsBIT exige la retirada inmediata de este Real Decreto-ley así como la adopción de medidas que garanticen la seguridad jurídica y que fomenten la competitividad de las empresas y la generación de empleo.

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